EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN AMERICA LATINA

Una nueva publicación examina el avance jurídico y el estado de la aplicación de la consulta previa a los pueblos indígenas en diversos países de América Latina como Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Panamá y Perú. Está disponible desde la internet (http://www.kas.de/wf/doc/kas_33592-1522-4-30.pdf?130221162840).

 Servindi, 23 de febrero, 2013

El libro: “El derecho de la consulta previa de los pueblos indígena en América Latina”, ha sido editado por el programa Participación Política Indígena de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS), de Alemania.

Informa sobre las posiciones de los diferentes actores involucrados en los procesos de la consulta previa en siete países de la región: los pueblos indígenas, el Estado y las empresas.

Los autores son: Vladimir Ameller y Diego Chávez (Bolivia), André Fernando (Brasil), Guillermo Padilla (Colombia), Guisela Mayén (Guatemala), Leticia Aparicio (México), Jorge Panay (Panamá) y Mirva Aranda (Perú).

A continuación compartimos el prefacio de la publicación escrito por Susanne Käss, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Bolivia y del Programa Regional de Participación Política Indígena de la Fundación Konrad Adenauer.

Prefacio

En América Latina, la mayoría de los pueblos indígenas viven en territorios caracterizados por una gran biodiversidad que albergan numerosos recursos naturales. Al mismo tiempo, muchos gobiernos en la región procuran el desarrollo y el crecimiento económico por vía de la extracción y exploración de estos recursos para combatir la pobreza, que sigue siendo uno de los mayores problemas que aquejan a las sociedades en el subcontinente. Como muchos de estos recursos se encuentran en territorios indígenas, pueden surgir conflictos. Hasta la segunda mitad del siglo XX, la exploración de los recursos naturales se realizó – en la mayoría de los casos – sin respeto por los derechos indígenas y el cuidado del medio ambiente.

Sin embargo, actualmente, la mayoría de los países latinoamericanos ha aprobado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada en el caso de la planificación de medidas que son susceptibles a afectar a estos pueblos directamente. Igualmente, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce y destaca el derecho a la consulta. Esta normativa internacional ya se ha plasmado en el marco legal nacional de varios países de la región. A pesar de eso, numerosos conflictos, algunos de ellos violentos, en torno al derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada en los países de la región, demuestran que la aplicación del derecho en la práctica todavía enfrenta grandes dificultades.

El Programa de Participación Política Indígena de la Fundación Konrad Adenauer pretende crear espacios de información, discusión y diálogo sobre temas que son de alta importancia para los pueblos indígenas en América Latina, pero que son de relevancia y tienen un impacto para toda la sociedad.

Por consiguiente, el presente libro pretende informar sobre las posiciones de los diferentes actores involucrados en los procesos de la consulta previa en siete países de la región: los pueblos indígenas, el Estado y las empresas.

Según la normativa internacional, es responsabilidad y deber de los Estados diseñar, organizar y llevar a cabo los procesos de consulta previa. En muchos casos, carece de voluntad política de crear las condiciones para que los pueblos indígenas puedan participar de manera informada en estos procesos para entrar en un diálogo y contribuir a la toma de decisiones que beneficien a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, algunos gobiernos ya han internalizado que la realización de procesos transparentes de la consulta previa, libre e informada puede ser una importante medida para garantizar la paz social. Empresas socialmente responsables saben que el respeto por los derechos indígenas brinda seguridad jurídica para sus inversiones y que el cuidado del medio ambiente tiene que ser prioritario. En países en vía de desarrollo, caracterizados por una gran riqueza en recursos naturales, tanto el interés de desarrollo de los Estados como los intereses empresariales son válidos. Pero, en tiempos de cambio climático, en los cuales la protección del medio ambiente debería ser prioridad para todos los sectores, es imprescindible que los Estados asuman su responsabilidad de crear un marco legal para garantizar, por un lado, el cumplimiento de los derechos indígenas y, por el otro lado, para buscar el bien común y la protección de la naturaleza.

Es de suma importancia la creación de condiciones para procesos de la consulta previa, libre e informada y actividades controladas de extracción y exploración de las empresas. Además, es necesario establecer reglas para pagos de indemnización y participación en las ganancias justas para los pueblos indígenas que acepten actividades económicas en sus territorios.

Existe la urgencia de crear incentivos para el cuidado del medio ambiente y sanciones severas en el caso de infracciones de las reglas establecidas.

Las soluciones para enfrentar estos desafíos son complejas. Sin embargo, la base tiene que ser el entendimiento mutuo entre los diferentes grupos de actores que sólo se puede lograr vía un diálogo abierto, caracterizado por la tolerancia y el respeto.

Agradezco la importante contribución de todos los autores y de Claudia Heins y Beatriz Cajías por la edición de este libro.

Susanne Käss